El juez Ariel Lijo acumulará las tres denuncias sobre los créditos hipotecarios otorgados a funcionarios y diputados libertarios

Los créditos hipotecarios de hasta 400 millones de pesos que el Banco Nación otorgó a al menos nueve funcionarios y diputados de La Libertad Avanza, fueron denunciados en Comodoro Py. El universo de delitos que se piden investigar va desde el presunto fraude al Estado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionarios público, entre otros. Todo quedará en manos del juez Ariel Lijo.

El jueves pasado, cuando se conoció el dato sobre los créditos hipotecarios que la actual gestión del Banco Nación concedió a un grupo de funcionarios y diputados libertarios, se radicó la primera denuncia penal.

Los tres interrogantes centrales alrededor de la maniobra es si hubo irregularidades en el otorgamiento de la línea crediticia que en algunos casos llegó a ser de 315.000 dólares. En segunda instancia, se pide determinar si hubo condiciones preferenciales en esas adjudicaciones, y finalmente si hubo excepciones a las normas que rigen estos procedimientos.

Esa primera presentación quedó radicada en el juzgado de Lijo. El sábado ingresó a los Tribunales de Retiro una segunda denuncia, que por sorteo fue asignada al juez federal Daniel Rafecas. Y este lunes, el tercer escrito quedó radicado en el despacho de María Eugenia Capuchetti.

Los hechos denunciados son los mismos y las personas involucradas también. En los próximos días, las denuncias por conexidad quedarán radicadas en el juzgado de Lijo, donde ingresó la primera denuncia. El fiscal a cargo será Gerardo Pollicita.

De esta manera, el magistrado que ya tiene en su manos la causa sobre el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumará este otro caso delicado para la Casa Rosada. Sin olvidar, que también subroga el Juzgado Federal 11, donde tramita la causa ANDIS, que derivó en el despido del ex titular de la Agencia de Discapacidad Diego Spagnuolo, ahora procesado por corrupción.

Las denuncias que ingresaron a Comodoro Py respecto de los créditos del Banco Nación coinciden en manifestar una presunta maniobra que podría haber generado un perjuicio para el Estado. Los nueve créditos cuestionados suman en su conjunto, unos 2.500 millones de pesos.

El expediente deberá certificar si hubo un “exceso en los límites de los créditos” o si “hubo dictámenes desfavorables” que no fueron tenidos en cuenta.

“En función de los ejemplos verificados y para los supuestos, siempre de funcionarios, de comprobarse que su posición política o jerarquía o vínculo directo o indirecto con las autoridades del Banco benefactor influyeron en la aprobación de los créditos que, de otro modo, les habrían sido rechazados, estaríamos ante el delito de tráfico de influencias“, sostuvo en su denuncia la diputada nacional Mónica Frade.

Luego, cabe analizar -indica el escrito- las acciones desenvueltas por el presidente del Banco y los subalternos que hayan “participado en la aprobación de cada una de esas carpetas, en la verificación sobre un posible relajo de controles atendiendo la condición del solicitante.

En tal caso, para la diputada se podría estar ante una posible administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Para la referente de la Coalición Cívica no se trata de operaciones erróneas, sino que “esto ha sido resultado de un claro abuso de poder y un franco desvío de beneficios y voluntad estatal, en beneficio puramente privado y orientado a un segmento”.

Uno de los puntos cuestionados y que se pidió sea investigado, es la posible “desproporción entre ingresos y monto de los créditos“.

El Banco Nación fijó postura al respecto. El comunicado oficial sostiene que: “Nueve de cada diez créditos hipotecarios en la Argentina los otorga esta institución”.

El Nación expresó que se han otorgado más de 27 mil préstamos desde el lanzamiento de su línea. Y consignó que el proceso fue calificado como “homogéneo, sin excepciones, con circuitos digitalizados que permiten escriturar en apenas 30 días”.

Entre las aclaraciones oficiales, se incluyó la distinción de la línea de crédito para los empleados públicos, denominada +Hogares sector público, y que llega a financiar hasta el 90% de la vivienda a adquirir, mientras que el programa general no supera la cobertura del 75%.

Bajo análisis se encuentran los créditos otorgados a nueve funcionarios y legisladores vinculados a La Libertad Avanza: Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo -por 373 millones de pesos equivalentes a 315.000 dólares- desde febrero de 2025. A Federico Furiase, ex director del Banco Central y actual secretario de Finanzas, le otorgaron 367 millones de pesos, unos 280.000 dólares.

Otros nombres se suman a la planilla adjuntada en las denuncias: Juan Pablo Carreira, director nacional de Comunicación Digital conocido en las redes como John Doe, tiene un crédito por casi 113 millones de pesos (US$ 76.417); Emiliano Mongilardi, director de YPF, por 309 millones de pesos (US$ 207.766).

Los diputados de LLA Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde mantienen deudas que oscilan entre los 230 millones de pesos y los 279 millones, según los distintos períodos relevados.